Page 29 - REFORMAS INCLUSIVAS, ACTORES CRITICOS Y REPRESENTACION POLITICA DE LAS MUJERES EN AMERICA LATINA - FLAVIA FREIDENBERT

1. La histórica lucha de las mujeres por acceder y ejercer la
ciudadanía

El acceso y el ejercicio de la ciudadanía ha sido una esfera dominada de
manera casi exclusiva por hombres. Desde la Ilustración, cuando se inició
la discusión moderna sobre la ciudadanía, las mujeres han sido excluidas
de las decisiones públicas. Durante mucho tiempo, el conflicto de género
en torno a los derechos políticos y electorales fue invisibilizado por
copia
una gran parte del pensamiento filosófico o, en su caso, ha sido (mal)
considerado como una rabieta de unas cuantas mujeres que no parecían
entender que sus derechos estaban contenidos en la noción más general
de seres humanos (Lois y Alonso 2016: 61). Olympe de Gouges denunció
esa concepción al redactar la Declaración de los Derechos de la Mujer y
la Ciudadana. Para ella, las mujeres y los hombres eran iguales en todos
los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo el derecho al voto, el
acceso al trabajo público, la posibilidad de hablar en público, de poseer y
controlar propiedades, de formar parte del ejército o de recibir educación.
Sostenía, además, que “Si la mujer puede subir al cadalso, también se le
debería reconocer el derecho de poder subir a la Tribuna”.
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En sus orígenes, el estatus de ciudadano permitía (y exigía) a
las personas participar en la toma de decisiones y en el ejercicio de la
administración pública. La vinculación de la ciudadanía con una serie de
derechos y obligaciones no ha cambiado mucho a lo largo de los siglos,
al igual que las restricciones respecto de quiénes podían entrar en esta
categoría. Si bien acceder y ejercer la ciudadanía supone ser miembro pleno
de una comunidad, tener los mismos derechos que los demás y contar con
las mismas oportunidades para influir en el destino de la comunidad, esta
condición implica obligaciones respecto a lo que hace posible el ejercicio
de esos derechos. Es un derecho y una obligación para cada persona que
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integra una comunidad, que cuenta con cierto estatus legal y que además
tiene capacidad de ser agente participante y decisoria en las instituciones
políticas.

11 La ciudadanía moderna para Marshall era un estatus que atribuye derechos y deberes a los nuevos
grupos sociales que emergen con el desarrollo de una nueva sociedad industrial desde mediados
del XVII. Según Marshall, el individuo no es solo portador de derechos, sino también de deberes
sociales con su comunidad, y es eso lo que hace posible el ejercicio de sus derechos (Marshall y
Bottomore 1998).