Page 97 - CUANDO HACER POLITICA TE CUESTA LA VIDA - FLAVIA FREIDENBERT Y GABRIELA DEL VALLE PÉREZ

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ro. Sin embargo, según Krook y Restrepo Sanín (2016), el mero hecho de
usar un patrón de género convierte cualquier hecho de violencia contra una

mujer política en un acto de VAWIP.
Además, Krook y Restrepo Sanín (2016) argumentan que la VAWIP
debe englobar la violencia económica (por ejemplo, privar a las mujeres
políticas de recursos financieros a los cuales los hombres tienen acceso) y la
violencia simbólica (por ejemplo, usar estereotipos o roles de género para
inhibir la actividad política de las mujeres). Esta definición va más allá del
copia
concepto de violencia psicológica (la cual se enfoca en el hostigamiento sis-
temático o la
calumnia) e incluye las prácticas normalmente asociadas con
la discriminación institucionalizada.
Tanto investigadores como actores políticos han reconocido que las je-
rarquías de género estructuran las instituciones políticas, con lo cual dan

forma a prácticas formales e informales que marginalizan a las mujeres

aun cuando aumenta su participación política (Kenny, 2007; Borner et al.,
2009). Estas prácticas forman un continuo de pequeñas desconsideraciones
(por ejemplo, usar el pronombre masculino en documentos oficiales) has-

ta injusticias serias (por ejemplo, mentir a las mujeres sobre la ubicación
y hora de reuniones importantes). Sin duda, estas prácticas restringen los
derechos político-electorales de las mujeres, pero su categorización como
violencia identifica al Estado como el agente responsable de su prevención,
sanción y erradicación.
Esta definición de la VAWIP y el estiramiento del concepto de VAWIP,
para englobar daños económicos y simbólicos, tienen raíces en el contexto
actual de activismo feminista en América Latina. Los movimientos feminis-
tas se han fracturado, pero diversas redes profesionales que promueven te-
mas de género específicos han florecido en su lugar (Jaquette, 2009). Varias
redes temáticas dedicadas a la promoción de los derechos de las mujeres
han logrado pasos importantes en presionar para que los gobiernos adop-
ten, expandan o implementen leyes de cuota y paridad eficaces (Htun y Jo-

nes, 2002; Piscopo, 2015; Piscopo, 2016b).
Las redes de activistas concentradas en la violencia contra las muje-

res también han logrado éxitos notables: después de la promulgación de la

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres, promovida en 1994 por la OEA, la mayoría de los
países latinoamericanos aprobó leyes que categorizan y sancionan diversas
formas de violencia de género (Weldon, 2002; Freidman, 2009). Sin embar-
go, los actores que reclaman por los actos de violencia política no provienen
de las redes de activistas creadas contra la violencia, sino de las redes de
activistas conformadas para implementar las leyes de cuota, y que además

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