Page 95 - CUANDO HACER POLITICA TE CUESTA LA VIDA - FLAVIA FREIDENBERT Y GABRIELA DEL VALLE PÉREZ
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Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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                82                       JENNIFER M. PISCOPO

                estatal, criminal y doméstica, como en Bolivia, Ecuador, El Salvador, Costa


                Rica,   Guatemala, Honduras, México y Perú. 1
                   Aunque Bardall (2013; 2015) reconoce que la violencia contra las mu-
                jeres en política tiene lugar en contextos donde la agresión y la coerción
                están normalizadas, no considera si el empoderamiento de las mujeres au-
                menta   la tendencia a la violencia. Con esto, las activistas que reclaman con-





                tra      la VAWIP señalan un punto importante: el hostigamiento, el asalto y
                el asesinato de mujeres políticas pueden representar una reacción adversa
                                    copia
                    presencia de las mujeres en el ámbito público, una nueva extensión de
                a la
                la violencia de género ya endémica en la región. Como lo demuestran las
                investigaciones sobre la violencia contra las mujeres, los agresores usan la
                violencia física y psicológica para mantener un orden social basado en el gé-
                nero, lo cual requiere la preservación de lo político como ámbito masculino





                y el   hogar como ámbito femenino (Bunch, 1990; Heise, 1998).


                   Al mismo tiempo, el entramado complejo entre la   violencia criminal,
                la violencia político-electoral y la violencia de género oscurece las razones
                exactas de cualquier caso de abuso. Los funcionarios estatales, ya sean jue-
                ces o administradores, van a encontrar difícil separar y distinguir los moti-
                vos que conducen a la violencia. Además, la sistematización del uso de la
                violencia para   resolver las competencias electorales o mantener redes ilícitas

                significa que las mujeres políticas también padecen y usan estas prácticas.
                Es probable que, en muchas ocasiones, las mujeres no sean victimizadas por
                ser mujeres, sino porque pertenecen a grupos políticos opositores o a bandas
                criminales rivales.
                   Como lo indican algunos incidentes muy conocidos de   tráfico de dro-

                gas, desapariciones forzadas y asesinatos en Iguala (Guerrero, México), mu-
                jeres líderes políticas también participan de forma activa en el crimen or-
                ganizado (Archibold, 2014), mientras otras mujeres cultivan y mantienen
                redes clientelistas o corruptas (Esarey y Schwindt-Bayer, 2014).  Posicionar
                                                                        2
                a todas las mujeres políticas como “inocentes” deja de lado cómo las muje-
                  1     Los países latinoamericanos experimentan diferentes configuraciones de violencia,
                aún a nivel subnacional. Establezco el vínculo entre los movimientos en contra de la VAWIP
                y la violencia generalizada, usando los países más mencionados en la literatura académica
                (Albaine y Archenti, 2013; Albaine, 2015; Krook y Restrepo Sanín, 2016; Cerva Cerna,
                2014) y en los estudios que realizan las organizaciones internacionales (Barrig, 2014; Her-


                rera, Arias y García, 2011; Hoyos, 2014;   Machicao, 2011; Valverde, 2012; Quintanilla Za-
                pata, 2012). Aunque muchos piensen que la violencia no prevalece en Costa Rica, las tasas
                de crimen han aumentado en el país. Por ejemplo, las tasas costarricenses de homicidio y el


                robo   común son más elevadas que los promedios regionales (Stamatel, 2014).
                  2     Los autores señalaron que este hallazgo solamente se aplica en los países con niveles
                bajos de desarrollo, donde la probabilidad de sanción es muy baja (como en América Latina).

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