Page 99 - CUANDO HACER POLITICA TE CUESTA LA VIDA - FLAVIA FREIDENBERT Y GABRIELA DEL VALLE PÉREZ

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86 JENNIFER M. PISCOPO

esfera pública y sus responsables suelen ser miembros de los partidos o de-
lincuentes comunes. La policía y/o los jueces del sistema penal pueden mos-
trar reticencias para intervenir en las relaciones interpersonales o familiares
de las mujeres, por lo cual preferirán soluciones restaurativas y no punitivas
(Franceschet, 2010; Macaulay, 2006). Pero quienes ejercen cargos públicos
(políticos y jueces) no pueden negar la obligación de sancionar actos tan
públicos como los ataques contra las mujeres militantes, las candidatas o las
mujeres electas.
copia
La alta visibilidad de la violencia contra las mujeres en política, en com-
binación con una larga campaña que ha sensibilizado a las autoridades del
Estado sobre la importancia de respaldar los derechos político-electorales
de las mujeres, facilita que las redes conformadas para promoverlos llamen
la atención sobre la VAWIP. Es decir, la denominación y tipificación de los
actos de violencia política contra las mujeres como crímenes electorales de gé-
nero emerge de una estructura de oportunidad política. Sin embargo, esta
conceptualización complica los esfuerzos de aumentar las capacidades del
Estado para garantizar los derechos humanos. Ante todo, quienes violan la
integridad física o psicológica de otras personas comenten actos criminales,
independientemente de si esos actos están motivados por razones de género
usan ideologías de género en los ataques para justificarlos.
o si
Las activistas contra la violencia política hacia las mujeres coinciden
con este punto, pero en la definición del problema que han planteado, lo
criminal y lo electoral se confunden. Si cualquier acción que limita la ca-
rrera política de las mujeres constituye un acto de violencia criminal, co-
rresponde al sistema judicial, pero puesto que se trata de violaciones a los
derechos políticos de las mujeres, también intervienen las instituciones elec-
torales. La ley 243 en Bolivia pone en las manos del ministro de Justicia,
junto con el tribunal electoral, la persecución de los delitos relacionados con
la violencia política.

La ley boliviana establece la responsabilidad compartida, pero las acti-
vistas han desarrollado lazos personales y profesionales con los responsables
electorales, y les pueden reclamar más fácilmente que a los jueces del siste-
ma penal. Si bien las instituciones electorales han castigado efectivamente
a los partidos que han excluido a las mujeres candidatas, la persecución y

el encarcelamiento de criminales, especialmente los que cometen ataques

físicos contra mujeres, no entran en su ámbito de competencia.

El sistema de justicia penal es el que tiene esta jurisdicción, pero es pre-
cisamente este sistema el que no ha podido actuar de manera efectiva. En
contextos en que las redes de activistas confían en las instituciones electora-
les, pero desconfían del sistema penal, ¿de qué manera los Estados pueden
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