Page 600 - LA CIENCIA POLÍTICA SOBRE AMÉRICA LATINA - FLAVIA FREIDENBERT

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La evaluación y promoción de las Ciencias Sociales en México... 591

términos de igualdad a la estructura de recursos y reconocimientos.
Esto ha llevado a que, usualmente, el diseño general de las políticas
científicas muchas veces implique analizar las maneras en que se pre-
tende dar presencia, voz y capacidad decisora a los propios integrantes
de las asociaciones y gremios de especialistas, precisamente en torno
a los mecanismos rectores de la generación, difusión y evaluación de
la propia actividad científica (Fuller, 2012; Grande y Pernoff, 2002).
Desde hace cuatro décadas, México ha emprendido un proceso de
copia
creación de instancias gubernamentales cuya tarea es la de articular
y orientar el desarrollo científico del país. La existencia del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) es quizá el ejemplo más
representativo de los modelos de agencias públicas que cubren varios
planos de la organización y gestión científica. Entre sus actividades des-
tacan: proporcionar becas y fondos para la realización de estudios e in-
vestigaciones en el extranjero o dentro del país; y facilitar la vinculación
y el financiamiento a proyectos estratégicos e innovadores entre las uni-
versidades, las empresas y/o el propio Estado. El conacyt busca, sobre
todo, generar las pautas conducentes a la valoración y reconocimiento
del trabajo de las comunidades científicas, a partir de la construcción de
«sistemas expertos», que den seguimiento a los programas docentes de
excelencia, a la producción científica y a las publicaciones que surgen
desde las comunidades de especialistas (Cetto y Alonso, 1999).
En este sentido, la perspectiva de generar un modelo de educación
superior que pueda brindar conectividad y accesibilidad al intercambio
entre los ámbitos de la investigación y docencia, así como una ruta
hacia la desconcentración del conocimiento más allá de la capital del
país, a fin de crear redes y grupos nacionales de investigación, ha impli-
cado una apuesta que muestra la bondad de la propuesta, pero la cual
sigue teniendo un déficit de implementación e, incluso, resistencias
en el seno de las propias comunidades científicas (Rojas Bravo, 2005).
De manera específica, la creación en 1984 del Sistema Nacional
de Investigadores (sni) fue un hecho muy significativo para generar
un impulso a dichos esquemas de incentivos que se han venido exten-
diendo y adoptando bajo modalidades muy diversas. A partir de una

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